Delitos contra la administración publica.

 

Indice

1. Atentado contra la autoridad

2. Usurpación de autoridad, títulos u honores

3. Abusos de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

4. Violación de sellos y documentos

5. El cohecho

6. Malversación de caudales públicos

7. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones Publicas.

8. El prevaricato

9. Denegación y retardo de justicia

10. El encubrimiento

 

1. Atentado contra la autoridad

La figura básica (Art. 237)

Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

 

La acción consiste en emplear intimación o fuerza contra un funcionario publico o contra quien le presta asistencia, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

La acción propiamente dicha, la acción física, se reduce al empleo de la intimación o fuerza.

Un elemento subjetivo termina de caracterizar la acción típica: la intimidación o fuerza ha de haberse empleado para que el empleado publico o la persona que le presta asistencia ejecute u omita un acto propio de sus funciones.

 

Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona.

Sujeto pasivo debe ser un funcionario publico, en los términos del art. 77, con las ampliaciones contenidas en el art. 237, que habla de quien preste asistencia al funcionario, a su requerimiento, y en el art. 240, que extiende ese carácter al particular que tratare de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

 

El hecho queda consumado con el empleo de la intimación o la fuerza; no es preciso que se haya logrado o impedido la ejecución del acto del funcionario, por lo que la tentativa no aparece como posible. Si el hecho que se hace ejecutar mediante la intimidación o la fuerza, constituyera en sí mismo un delito, el autor del atentado podrá resultar también autor inmediato de ese hecho delictuoso.

 

Las figuras agravadas. (art. 238)

238. La prisión será de seis meses a dos años:

l. Si el hecho se cometiere a mano armada;

2. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;

3. Si el culpable fuere funcionario público;

4. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

 

El inc.1 del art. 238 agrava el delito cuando el hecho se comete a mano armada.

El inc. 2 contempla la comisión del hecho por una reunión de mas de tres personas. Es preciso que eses personas obren en conjunto, como grupo; no basta la presencia de 4 personas, si una sola intimida y las demás permanecen pasivos, acaso, totalmente ajenas, porque la razón de la agravante esta dad por la mayor eficacia intimatoria y, naturalmente, física para el caso de fuerza, de la acción de varias personas.

El inc. 3 prevé una agravante que no requiere explicación: que el autor sea funcionario publico.

El inc. 4 cualifica el hecho cuando el autor pusiere manos en la autoridad. Cuando la fuerza es ejercida sobre el funcionario, el hecho seria siempre atentado cualificado.

 

Resistencia y desobediencia  (art.239)

Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

 

La acción consiste en resistir o desobedecer a un funcionario publico en el ejercicio de sus funciones.

En el atentado el funcionario puede o no haberse propuesto hacer o dejar de hacer algo, y es el sujeto activo quien se lo impone. En la resistencia, en cambio, el funcionario va a ejecutar o comienza a ejecutar algo a cuyo cumplimiento el autor resiste.

Como consecuencia de lo dicho, podemos fijar al acto de resistencia a la autoridad, las siguientes características:

 

a) Oportunidad la resistencia tiene lugar contra una decisión que va a ejecutarse o comienza a ejecutarse.

b) Se persigue una omisión. En la resistencia se trata de evitar la ejecución de una obra; aun la violencia y la coacción destinada a ese fin, constituye resistencia

c) Identidad la fuerza o coacción, que hemos admitido en b), ha de perseguir el incumplimiento de la orden y no un fin distinto; por ejemplo, quien no se ha opuesto a la traba de un embargo, amenaza luego al oficial de justicia para que deje en el acta determinada constancia.

 

El sujeto pasivo de la resistencia lo amplia la ley a las personas que prestan asistencia al funcionario publico, a su requerimiento, o en virtud de una obligación legal. Ese deber legal lo tienen los solados, marinos, gendarmes, miembros de institutos penales y algunos otros en virtud de sus propias leyes o reglamentos.                

El funcionario ha de haber actuado en ejercicio legitimo de sus funciones, según la letra del art. 239. No importa que el acto resistido sea intrínsecamente injusto, se trata de algo que el funcionario tiene la facultad de ejecutar

 

Subjetivamente el hecho presenta estas características:

·         Sujeto del delito puede ser cualquiera.

·         Es una figura dolosa

·         La forma culposa no esta prevista

·         En el caso de ser el autor funcionario publico, la pena no se agrava, pues a norma del art. 238 inc. 3 y ultimo parrado, solo rige para el atentado.

 

El delito se consuma con la acción tendiente a evitar el cumplimiento de la orden o disposición; no es preciso que se logre. La tentativa no aparece como posible.

La desobediencia ha sido caracterizada cono una firma de resistencia menor, en la que no se emplea intimidación o fuerza. Por eso se ha definido por exclusión, diciendo que constituye el incumplimiento de una orden que no tiene lugar con los medios comisivos de la resistencia.

También se requiere, para este delito, una orden clara y concreta, dirigida a persona o personas determinadas, lo que constituye a los destinatarios en sujetos posibles de delito. Este requisito fija el momento de la acción típica en un tiempo posterior al de contraerse la orden y ser conocida por quien es objeto de ella. Por lo demás, es de toda evidencia que solo delinque el que no cumple la orden pudiéndola cumplir.

La desobediencia a la orden relativa a la propia detención fue derogada. Si quien se encuentra detenido puede evadirse impunemente de no mediar violencia en las personas o fuerza en las cosas, a fortiori también debe resultar impune quien aun no fue detenido.

El hecho se consuma en el momento en que vence el plazo fijado para el cumplimento de la orden, de manera que se frustración no es necesaria y queda fuera del tipo. Es un delito instantáneo.

La orden que se desobedece y que es presupuesto del delito debe haber sido impartida por un funcionario publico en el legitimo ejercicio de sus funciones. Si el funcionario se excede en su conducta, el modo que la orden resulte ilegitima, no estará actuando en el ejercicio de sus funciones, y por lo tanto no existe el deber de obediencia.

 

Los atentados leves (art. 241)

Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

l. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;

2. El que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones.

La acción prevista en el inc. 1 consiste en perturbar el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o pciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad este ejerciendo sus funciones.

El hecho se consuma al producirse la perturbación del orden: no basta la conducta que persigue ese fin. En este punto, la acción es distinta de la del atentado, que se perfecciona con el acto tendiente a imponer la ejecución u omisión de una acto propio del funcionamiento.

La figura admite la tentativa, aunque dadas las características de este delito ella resulta poco probable, aunque conceptualmente posible.

 

La acción descripta por el inc. 2 consiste en impedir o estorbar a un funcionario publico en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.

 

Los medios empleados serán aquí, por lo común, la astucia o el engaño.

Autor de este delito puede ser cualquiera. Si se trata de un funcionario publico y ha actuado con incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo publico, resultara aplicable la inhabilitación prevista con carácter general en el art. 20 bis.

Las dos figuras contenidas en el art. 241 son dolosas, y el dolo  debe abarcar el conocimiento de la naturaleza de los actos que se perturban en el caso del inc.1

 

Violación de fueros (art. 242)

Será reprimido con multa de [setecientos cincuenta a diez mil pesos] e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta en las constituciones o leyes respectivas.

 

La acción consiste en arrestar o formar causa a alguno de los funcionarios alcanzados por los fueros. El articulo dice “que, en el arresto o formación de causa...no guarde las formas prescriptas en la constituciones o leyes respectivas.”

El delito se consuma con el hecho de formar causa o arrestar según la naturaleza del privilegio que la constitución o las leyes confieran a la persona sobre la cual recae la acción.

Sujeto activo de este delito solo puede ser según expresa indicación legal, un funcionario publico y, de hecho, únicamente los jueces y los funcionarios policiales, puesto que solo ellos proceden al arresto o formación de causa. Es por eso que resulta siempre aplicable la pena de inhabilitación especial juntamente con la de multa.

La violación de fueros es un delito doloso. Basta el conocimiento de que la persona a la que se arresta o forma causa, goza de privilegios que lo impiden. No se requiere propósito especifico.

 

Desobediencia a una citación judicial. (art. 243)

Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un mes a un año.

 

La acción consiste en abstenerse de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva por  parte del que ha sido legalmente citado como testigo, perito o interprete. Son, pues, dos acciones típicas que abarcan a su vez dos etapas de la conducción del testigo, perito o interprete:

1. No comparecer; 

2. Compareciendo, negarse a prestar la declaración o exposición respectiva.

 

El delito es de pura omisión.

Hace a la ilicitud del hecho la legalidad de la citación y la obligación de comparecer del sujeto legalmente citado. No están obligados a comparecer como testigos las personas que declaran por oficio según las disposiciones de los códigos de procedimientos, pero están obligados  declarar. Tampoco tienen la obligación de comparecer aquellas personas a las cuales la ley prohibe que se los llame como testigos.

 

Autor de este delito es la persona citada como testigo, perito o interprete. Cuando se trata de una declaración de un testigo, puede ser cualquier persona citada como tal.

Peritos son las personas que tienen conocimientos especiales sobre determinado arte o ciencia, que son llamados por el juez para asesorarlo, ya sea verbalmente o por escrito. 

La desobediencia a una citación judicial es un delito doloso, que nada ofrece de particular en el aspecto subjetivo.

La acción consiste en denunciar falsamente un delito  ante la autoridad. A diferencia de lo que ocurre en otros códigos, en nuestro derecho no es preciso que la denuncia se haga contra alguien; es suficiente con denunciar el hecho.

Es indistinto que se trate de denuncia o querella; la ley requiere la menos, pero es innegable que quien querella también denuncia un delito ante la autoridad. En cuanto a la denuncia en si, no hay requisitos sacramentales aspecto a las formas. Lo que importa es que los hechos denunciados puedan lugar a la investigación de un delito.

 

El hecho ha de ser objetivamente falso.

La denuncia ha de ser formulada ante autoridad competente. En el supuesto de delitos de acción privada, no hay más interpuesta una querella. Cuando se trata de denuncia, el número de funcionarios que queda comprendido dentro del concepto de autoridad competente es mayor.

La cuestión considerada en el párrafo anterior se vincula directamente con el momento consumativo en el delito de falsa denuncia.

El delito se consuma en el momento en que los hechos llegan a conocimiento de la autoridad.

 

El elemento subjetivo.

El delito de falsa denuncia es un delito doloso. La ley dice que se aplicara prisión de 2 meses a un año de multa al que denunciare falsamente un delito.

Es decir, se trata de un delito necesariamente intencional en el que la denuncia falsamente un delito.

Es decir, se trata de un delito necesariamente intencional en el que la denuncia ha de ser hecha de mala fe.

 

Es preciso que el autor sepa otra cosa que no le permita dudar de la falsedad de los hechos que denuncia. Es decir que a demás de la conciencia de la falsedad, se requiere el conocimiento de la verdad, sobre la cual se apoya la conciencia de la falsedad.

 

El concurso con la calumnia y la injuria es posible.

Habrá falsa denuncia sin que exista calumnia:

a)       Cuando la denuncia no se haga contra persona determinada

b)       Cuando se querella por el delito de acción privada.

 

Habrá calumnia sin que exista falsa denuncia:

a)       En todos los casos de calumnia no judicial

b)       Cuando siendo la calumnia judicial, el elemento subjetivo llena las exigencias del delito contra el honor, careciendo de relevancia para adecuarse a la figura del art. 245.

 

Resulta así claro que la falsa denuncia y la calumnia pueden concurrir formalmente.

En cuanto al concurso con la injuria, ya hemos visto que la falsa denuncia también se comete en los casos de delitos de acción privada, constitutiva de injuria en nuestro Derecho, en caso de falsa imputación.

 

2. Usurpación de autoridad, títulos u honores

El art. 246 contiene 3 figuras:

1.       La asunción o ejercicio de funciones publicas sin titulo o nombramiento

2.       El ejercicio de funciones publicas mas allá de la cesantía o suspensión

3.       El ejercicio de funciones de otro cargo

 

El art. 247 se refiere a la usurpación de títulos u honores.

El bien tutelado es, generalmente, el buen funcionamiento de la administración publica, que en los casos previstos puede verse entorpecida por la falta de idoneidad o competencia del que actúa, unida a la irregularidad de un ejercicio no legitimo de autoridad.

 

La usurpación de funciones publicas

Puede denominarse la figura descripta en el inc. 1 del art. 246, que dispone: Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

l. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;

 

La acción consiste en asumir o en ejercer funciones publicas.

Asumir significa hacerse cargo de la función; lo que se asume, en realidad, es el cargo que confiere las funciones, pues para la consumación no es necesario que el autor realice actos que constituyan ejercicio de la autoridad.

Ejercer es desempeñar actividad funcional inherente al cargo. Es preciso una actividad propia de la función especifica: no basta la sola invocación del falso cargo, si no se hace ejecutando un acto funcional. Lo común será que quien ejerce funciones haya asumido el cargo, pero ello no multiplica la delincuencia. El hecho se consuma con el falso acto de asunción o del ejercicio de las funciones publicas, ya que es posible una cosa sin otra. No se requiere daño ni provecho alguno.

 

La ilicitud de estas acciones resulta del hecho de que el autor carece de titulo o de nombramiento expedido por la autoridad competente, único nombramiento de verdad.

Titulo es el medio oficial de acreditar idoneidad en determinada rama del conocimiento. Debe tratarse de una profesión reglamentada y su titulo oficial por el Estado o entidades legalmente facultadas. Su necesidad resulta únicamente de la exigencia legal.

 

Tampoco debe crear problemas objetivamente el supuesto de falta de nombramiento. Pero, refiriéndose la ley a nombramiento expedido por la autoridad competente, los autores se detienen en este punto. Objetivamente la cuestión no cambia para el designado, sin perjuicio del hecho punible en el que pueda incurrir el funcionamiento que obra fuera de los limites de sus facultades.

 

Si el autor hubiera falsificado el titulo o el nombramiento, la solución es clara y se resuelve en la falta de titulo o falta de nombramiento, debiéndose aplicar, además, las reglas de concursos de delitos, pues la falsedad constituiría el delito medio para la usurpación de autoridad.

 

Autor de este delito puede ser cualquiera. Lo común será que se trate de una particular que no ha llegado a funcionario par faltarle alguno de los requisitos señalados en la norma. Sin embargo, no debe pensarse que un funcionario no pueda ser sujeto, cuando se trata de asumir otro cargo para el que carece de titulo o nombramiento. No puede serlo en el ejercicio de su cargo legitimo.

 

Subjetivamente la usurpación de autoridad de que tratamos es dolosa. El dolo, consiste en la voluntad de usurpar funciones, como función o como atribución, con la conciencia de no hallarse autorizado para desempeñar esa actividad.

 

Continuación ilegitima de la actividad funcional.

El inc. 2 del art. 246 amenaza con prisión de 1 mes a 1 año e inhabilitación por el doble del tiempo: al que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;   

 

La acción cosiste en continuar ejerciendo las funciones que corresponden a un cargo, en ese momento, no se desempeña.

Continuar significa  que no habiendo interrupción o, al menos, que no la ha habido de modo ostensible en ese ejercicio; de no ser así, el hecho caería en el inc. 1. La actividad del funcionario se prolonga como si no hubiera mediado cesantía o suspensión y así, sin solución de continuidad, se pasa de lo licito a lo ilícito. La especie y la cantidad de los actos funcionales carece de significado, solo importa  que sea de los que corresponden al cargo que se desempeñaba. El delito se consuma con el primer acto de autoridad, sin que la pluralidad de ellos multiplique la delincuencia.

 

La ilicitud del desempeño de las funciones publicas esta dada en este caso por la perdida de las facultades funcionales. Tal cosa puede resultar de haber cesado en el cargo por el ministerio de la ley o por resolución  que ordeno la cesantía o suspensión. La presentación de la renuncia  no se identifica con ninguna de estas situaciones, y el funcionamiento sigue siendo tal hasta que dicha renuncia se haya admitido.

 

El funcionamiento cesa por ministerio de la ley, en los cargos cuya duración esta establecida de antemano. El vencimiento del termino es el punto de deslinde entre los actos funcionales lícitos y los ilícitos, sin necesidad de notificación o comunicación alguna.

Subjetivamente el hecho es doloso. Es esta una de las figuras en las que la ley fija el contenido del dolo aun dando con cierto detalla las características de la ilicitud.

 

Usurpación de funciones

El inc. 3 del art. 246 prevé la figura que podemos denominar, simplemente, usurpación de funciones, amenazando con la misma pena de los otros 2 incisos.

El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

 

Autor en el supuesto de este inciso, es el funcionario publico en ejercicio ilegitimo de su cargo. No parece, pues, de titulo ni nombramiento, como en el inc. 1, ni ha cesado o sido suspendido en sus funciones, como en el supuesto del inc. 2. Lo que ocurre es que el autor realiza funciones que, al par, no corresponden a su cargo y pertenecen  a otro cargo. Esta doble condición es importante, porque es lo que distingue esta forma de usurpación de autoridad de los abusos de autoridad. El acto funcional que corresponde a otro cargo, tiene que ser legitimo. De modo que el autor ejecuta un acto sustancialmente legitimo, cuyo vicio consiste únicamente en que el carece de facultades para ese acto. No hay arbitrariedad ni abuso en el hecho, sino incompetencia del órgano funcional. Si el acto constituyere, además, un abuso de autoridad, es decir, que fuera abusivo aun cumplido por el funcionario competente, será aplicable la figura mas grave del art. 248.

 

La acción consiste en ejercer funciones correspondientes a otro cargo que no se desempeña, cualquiera sea el fin que con ello se persiga.

El hecho se consuma con la ejecución del acto funcional que corresponde a otro cargo, sin que se requieran provecho para el autor, ni perjuicio para la administración publica o consecuencia otra alguna.

 

Subjetivamente el hecho es doloso. Apenas si parece necesario señalar el papel decisivo que el error sobre el conocimiento de todas las circunstancia, frecuentemente de derecho, juega en este delito. Si algo es realmente una ficción, es suponer que todos los actos que competen a la función publica tienen asignación y deslinde señalado en alguna  parte, y más aun dar por entendido que tal distribución de la competencia es siempre conocida- se requiere el dolo directo que comprenda la certeza de estar ejecutando actos funcionales que corresponden a otro cargo.

 

Ejercicio de una profesión sin titulo o autorización. Usurpación de títulos u honores (art. 247)

[Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.

Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.]

 

El ejercicio de una profesión sin titulo habilitante

El primer párrafo del art. castiga al que ejerciere una profesión reglada por el estado, sin titulo o la habilitación correspondiente. Se extiende así, como delito contra la administración publica la regla del art. 208, inc.1, del C.P., que reprime el ejercicio ilegal de la medicina, como delito contra la salud publica, castigando a quien sin titulo ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los limites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos... o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a titulo gratuito.

La acción consiste en ejercer actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el titulo o habilitación correspondiente.

 

Ejercer importa desempeñar la actividad de una profesión. En un abogado, evacuar consultas, concurrir a audiencias, etc. en un arquitecto, confeccionar planos, presentarlos para su aprobación, etc. la previsión alcanza no solamente a quienes carecen de conocimientos necesarios para ejercer una profesión, sino también, al que teniendo un titulo que lo capacita, no esta autorizado para ese ejercicio, sea por falta de revalida del titulo en el país, sea por la falta de satisfacción de los requisitos administrativos.

 

En el primer caso se encuentran los profesionales truchos, tan comunes es estos días, que ejercen la profesión de abogado, ingeniero, arquitecto sin haber obtenido el titulo.

En el segundo, quienes poseyendo titulo, no efectuaron las practicas correspondientes o no obtuvieron la habilitación especial que exigen las autoridades estatales o los colegios que gobiernan la matricula respectiva.

El delito requiere habitualidad. Un solo acto no lo configura, pues la ley exige la repetición de hechos, al referirse a actos propios de una profesión. Por ese motivo no admite tentativa.

Autor de este delito puede ser cualquiera. El hecho es doloso y dicho aspecto subjetivo se satisface también con el dolo eventual.

 

Usurpación de títulos y honores.

Son dos las acciones descriptas en el segundo párrafo del art. 247: llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerce; arrogarese grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren al autor.

 

Es elemento de ambas acciones la publicidad. La  expresión “públicamente”, puesta al comienzo de la definición legal, se refiere a ambas conductas.

 

La acción supone una actitud activa; no basta un puro dejar hacer, como el jefe de mecánicos que se deja llamar ingeniero, o cosas semejantes.

 

El delito  se consuma, en uno u otro supuesto legal, con el hecho de llevar la insignia o distintivo en forma ostensible, notoria, de modo que pueda ser visto por un numero indeterminado de personas, o el atribuirse públicamente los grados, títulos u honores, cualquiera sea el medio utilizado para ello. El delito, que es instantáneo y de peligro, puede adquirir las características de los actos permanentes. Si la actividad va mas allá de la pura ostentación, y se ejercen los actos propios de la condición que se invoca, se incurrirá en otros delitos, que pueden ir desde el ejercicio ilegal de la medicina hasta la estafa, pasando por la usurpación de autoridad del art. 246 según cual sea el cargo o titulo que se invoque falsamente.

 

La ilegitimidad de la acción resulta de la falta de derecho para usar la insignia o distintivo o de la carencia del grado, titulo u honor que el autor se arroga. Las insignias se refieren a un cargo, es decir, a una función; los grados académicos, títulos profesionales y honores, con conferidos en virtud de requisitos o méritos determinados y no suponen el desempeño de un cargo, aunque puedan capacitar para ello. Se trata de titulo, y no de la idoneidad, de modo que, para el caso, carece en absoluto de significado que el autor pueda ser un experto en la materia correspondiente.

 

Las insignias o distintivos a cuyo uso publico se refiere la primera parte del art. 247, son los oficiales, es decir los que corresponden a un cargo publico.

Los grados académicos, títulos profesionales u honores que debe arrogarse el autor de la segunda modalidad de la figura que estudiamos, son los oficiales o legalmente autorizados.

 

Grados académicos son  los que otorgan los establecimientos de enseñanza oficiales autorizados para ello por el estado. Tales grados pueden ser también títulos, como el de doctor; pero se reserva la denominación para los de mayor jerarquía que, además, no tiene, por lo común, función habilitante para determinada actividad. No es un criterio diferencial del titulo la función de exclusión de la competencia de quienes no lo poseen, como suele sostener, porque algunos grados académicos, como el de doctor puesto generalmente como ejemplo, fue en diversas épocas indispensable para ocupar la cátedra universitaria.

Títulos profesionales son los expedidos o convalidados en el país que corresponden a las profesiones reglamentadas, liberales o no, entendida esta exigencia en el sentido de estar reconocidos y establecidos legalmente por el Estado y reglamentado el ejercicio profesional.

 

Subjetivamente el hecho es doloso, sin que requiera ningún fin ilícito y solo mueva al autor un puro espíritu de vanidad. El dolo consiste en la conciencia de no poseer el titulo, grado u honor o no desempeñar el cargo al que corresponden las insignias o distintivos de que se hace gala o uso.

 

3. Abusos de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

El bien jurídico tutelado es, generalmente, la administración publica. Especialmente, estos delitos persiguen garantizar la regularidad y especialmente la legal8idad de los actos de los funcionarios en las actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones legales.

El código no se limita a poner pena de abuso de autoridad y un hecho, sino que describe distintas figuras de mayor o menor gravedad, y agrupa otras acciones, que estrictamente, no pueden ser tenidas en cuanta por abuso de autoridad, si bien no debe olvidarse que la rubrica del capitulo se refiere a la violación de los deberes de los funcionarios.

 

La figura genérica del abuso de autoridad (art.248)

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

 

El autor Esta condición objetiva de autor lleva consigo el presupuesto indispensable para que el delito pueda configurarse: la autoridad, es decir, las facultades, poderes y medios inherentes al cargo, de los cuales se abusa. Bien se ha dicho que no puede abusar de su autoridad quien no tienen autoridad. Ello no obsta a la participación de los particulares, como en los demás casos en que la condición de funcionario es elemento del delito, de acuerdo con los principio generales.

El termino funcionario se entiende en el sentido del art. 77 del C.P.

 

Se requiere además, que el autor actúe como funcionario. Los hechos cumplidos fuera de sus funciones, no constituyen abuso. No se puede aquí hablar de relación funcional, porque se trata de hechos ilícitos, y conductas de esa naturaleza no pueden ser propias de ninguna función.

 

El abuso, que en si mismo constituye el delito, puede resultar de 2 situaciones: que el acto mismo sea contrario a la Constitución o las leyes, es decir, que lo que sea siempre, y que por lo tanto, ningún funcionario pueda estar facultado para disponerlo o ejecutarlo; que el acto sea legitimo en determinadas condiciones y circunstancias que no se dan en el caso de decir, actos que pueden ser ejecutados como legítimos, pero que no lo son en el caso concreto. El delito consistirá en hacer algo que el funcionario esta facultado para hacer, pero que lo hace en situaciones que corresponde, completada la acción subjetivamente por el conocimiento de esa improcedencia. Así por ejemplo, intervenir un teléfono sin orden judicial.

 

La materialidad. El abuso de autoridad debe cometerse a través de uno de los actos que la ley indica. El hecho puede consistir tanto en dictar resoluciones u ordenes contrarias a las constituciones o alas leyes nacionales o pciales. como en ejecutar las ordenes o resoluciones, ya existentes, o en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe al actor.

El abuso de autoridad del art. 248, debe, pues, concretarse en alguna de esas conductas que violen las constituciones o una ley. Se trata aquí de la ley en sentido formal, de modo que no configura el delito la violación de disposiciones reglamentarias u ordenes superiores.

El abuso puede también materializarse a través de una omisión consistente en no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario. Aparece aquí expresamente señalada la relación funcional del acto de ejecutar las leyes. Se trata únicamente de las leyes.

El delito se consuma con la acción o la omisión, según se trata de dictar o ejecutar resoluciones u ordenes, o de no ejecutar las leyes, sin que se requiera la producción de daño ni la obtención de provecho alguno. Precisamente es esa la característica del abuso genérico de autoridad. No es admisible la tentativa.

Subjetivamente el abuso de autoridad es un delito doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento de la ilegalidad de las resoluciones u ordenes que se dictan, trasmiten o ejecutan ya en si mismas, sustancialmente, ya con relación al caso concreto.

 

Omisión o retardo de deberes (art. 249)

Será reprimido con multa de [setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos] e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

 

La acción consiste en omitir, rehusar hacer, o retardar algún acto propio de las funciones. Se trata de un delito de pura omisión.

Omitir es no hacer.

Rehusar hacer es negarse de modo que para este supuesto es necesario que haya habido interpelación legitima en un determinado sentido.

El delito consiste, en retardar el acto

Retardar es no hacer a su tiempo.

La consumación tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna.

No es posible la tentativa

Objeto de la omisión es un acto de su oficio. Se trata pues de actos propios de una función, de donde resulta con toda claridad que solo puede ser autor un funcionario publico.

El hecho es doloso, y la exigencia expresa de la norma en el sentido de que se trate de un omisión cumplida ilegalmente, pone una exigencia que es al par objetiva y subjetiva.

 

Omisión de auxilio  (art. 250)

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

La acción propiamente dicha es definida con los mismos términos que en art. 249: omitir, rehusar hacer o retardar la prestación de auxilio legalmente requerido.

Presupuesto de la acción es aquí el jefe o agente de la fuerza publica haya sido legalmente requerido por la autoridad civil competente. Se trata de 2 requisitos: la legalidad del requerimiento y la competencia de la autoridad que lo hace, la legalidad exigible en el requerimiento es la que resulta de la externo, lo formal; el requerido no tiene el deber de indagar la justicia intrínseca del pedido. La competencia supone qe la autoridad civil esta facultada para formularlo.

 

El sujeto activo esta limitado en este delito a los jefes y agentes de las fuerzas publica.

Fuerza publica es la que esta encargada del mantenimiento del orden publico y agentes son todos los individuos que forman parte de ella.

Están comprendidos desde el jefe de la repartición hasta el agente de menor graduación. Están excluidas las fuerzas armadas, que no son fuerza publica, salvo el caso en que actúen como tales, con motivo de funciones que les han sido encomendadas.

 

Requerimiento de la fuerza policial contra actos legítimos. (art. 251)

Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o de sentencias o de mandatos judiciales.

La acción consiste en requerir la asistencia de la fuerza publica contra la ejecución de disposiciones u ordenes legales de la autoridad o sentencias o mandatos judiciales.

 

Es presupuesto de la acción la vía de ejecución de la disposición u orden legal o de la sentencia o mandato judicial. El hecho consiste en requerir la asistencia de la fuerza para oponerse a ella. El delito se consuma con el requerimiento hecho con ese fin; no es necesario que se obtenga el concurso de la fuerza publica y menos aun que la oposición llegue a tener lugar o que se haya logrado impedir la ejecución; lo típico es requerir. No es admisible la tentativa.

 

La fuerza publica es la encargada del mantenimiento del orden publico. No están comprendidas las fuerzas armadas.

Sujeto de esta infracción es un funcionario publico. Para que el delito pueda imaginarse, el funcionario ha de tener autoridad, facultades como para poder requerir la asistencia de la fuerza publica.

 

El hecho es doloso y el dolo debe abarcar el conocimiento de que se trata de disposiciones u ordenes legales de la autoridad o de sentencias o mandatos judiciales. La conciencia de la legalidad y la voluntad de oponerse a su ejecución son aquí indispensables.

 

Abandono del cargo sin haberse admitido la renuncia. (art. 252)

Será reprimido con multa de [setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos] e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

 

La acción consiste en abandonar el cargo con daño del servicio publico, aunque el autor haya presentado su renuncia, si esta no le ha sido aceptada. La presentación de la renuncia no es un presupuesto de la acción; el hecho consiste en abandonar el cargo, y ese abandono es punible aunque el funcionario haya presentado la renuncia, si la misma no ha sido aun admitida. Ese es el momento limite. Una vez aceptada la renuncia, no es posible cometer el delito. Es una caso claro de incumplimiento de los deberes del funcionario, ya que, mientras la renuncia al cargo no sea aceptada, el funcionario sigue siendo tal.

 

El articulo requiere daño del servicio publico, de modo que ele hecho se consuma con el perjuicio. Se trata del daño que puede resultar en las funciones que corresponden al funcionario que abandona. Para la aparición del daño habrá que tomar en cuanta todas las circunstancias.

Autor de esta infracción solo puede ser un funcionario publico. El hecho es doloso, sin que se requiera ningún propósito especifico, ni la intención de causar un daño a la administración.

 

Nombramiento ilegal y aceptación de estos. (art. 253)

Será reprimido con multa de [setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos] e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

La acción del primer párrafo consiste en proponer o nombrar para un cargo publico a persona en quien no concurran los requisitos legales para ese cargo.

 

El delito se consuma al proponer o nombrar al funcionario; lo primero ocurrirá en los casos que el funcionario actuante debe recurrir a ese procedimiento, sea porque es preciso el acuerdo de otro poder, como ocurre con los jueces federales y ministros plenipotenciarios, sea porque el funcionario debe elevar la propuesta a una autoridad o consejo superior. Se entiende una propuesta oficial  y no un pedido de recomendaciones particular. La no aceptación  de la propuesta es irrelevante para el funcionario que ha hecho la designación (o propuesta), puesto que tal circunstancia es posterior a la consumación.

 

Sujeto de este delito debe ser un funcionario publico facultado para nombrar o proponer para cargos públicos.

La ilicitud de la acción esta determinada por el hecho de carecer la persona propuesta de las condiciones requeridas específicamente para el cargo al cual es propuesto p designada. Puede tratarse del titulo, la edad, la nacionalidad, puede ser persona inhabilitada en general o en especial, etc.

La acción típica descripta en el segundo párrafo para la persona propuesta o designada, consiste, simplemente, en aceptar el nombramiento; el hecho caerá en el art. 246 inc. 1, como usurpación de autoridad.

 

El hecho es doloso para el funcionario que propone y para el sujeto que acepta, integrándose el contenido del dolo, de una y otra parte, con el conocimiento de la carencia de los requisitos indispensables para el cargo de que se trata. El error sobre ese aspecto excluye el dolo y consecuentemente, el delito.

 

4. Violación de sellos y documentos

Violación de sellos. (art.254)

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.

Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de [setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos].

 

La acción dolosa de los párrafos 1 y 2 consiste en violar los sellos.

Violar comprende  todos los actos materiales por los que el  sello deja de cumplir, definitiva o transitoriamente, la función para la cual fue puesto. Es indiferente que el autor lo rompa o lo quite sin romper lo que se tutela no es la integridad del sello, sino la seguridad que con el se persigue.

Romper o despegar un sello puede no configurar el delito, si existen otros con los que resulta asegurada, de modo igualmente eficaz, la conservación o la identidad de la cosa; como no basta la acción de perjudicar materialmente el sello, si mantiene su poder simbólico identificador.

El delito se consuma con la violación del sello que deja sin asegurar la conservación o identificación de la cosa, son independencia de cualquier consecuencia posterior. Es posible la tentativa.

Presupuesto del delito es la colación de sellos por la autoridad. Los sellos pueden ser colocados en la cosa misma sobre su continente, sobre bienes muebles o inmuebles, y no se requiere formas, sustancia o sistemas determinados, mientras se obtenga con ellos un medio lógico de conservación o identidad.

 

Los sellos deben ser puestos por la autoridad, nacional, pcial. o municipal.

Debe tratarse de autoridad competente en el sentido que el acto corresponda a las facultades del cargo o bien que el que lo realiza materialmente actúe por disposición de quien tiene tal facultad. Por lo tanto, la violación de un sello impuesto arbitrariamente, con abuso de autoridad o por un acto de voluntad, no constituye este delito.

Los sellos alcanzados por la tutela legal son los destinados a asegurar la conservación o la identificación de una cosa.

No cumplen esta función el sellado o lacrado de la correspondencia o el que acredita un pago, y en general, todos los destinados a certificar, pero no a conservar o identificar.

 

Autor de este delito, puede ser un particular o un funcionario publico. Para estos últimos, se requiere, además, que haya obrado con abuso de su cargo.

No es preciso que se trate del mismo empleado que puso los sellos o del encargado de custodiarlo. Para el funcionario se agrega a la pena privativa de libertad, la de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, siempre que hubiere abuso del cargo.

El dolo consiste en el conocimiento de la función que el sello desempeña y la voluntad de violarlo. No se requiere fin especifico alguno.

El hecho culposo esta previsto en el 3° párrafo del art. 254. A diferencia de lo que ocurre en el tipo doloso, solo puede ser autor un funcionario publico.

Figura culposa. El sello no es violado por la propia negligencia o imprudencia del funcionario, sino porque de ella resulta posible la acción dolosa de otro, que es el que lo viola. Es decir que el funcionario cumple con la conducta culposa que hace posible un actuar doloso de otro. Así tipificado el delito, la destrucción o inutilización culposa de los sellos por el funcionario, no es punible. Tampoco satisface las exigencias legales del hecho en el que el autor de la violación del sello obra culposamente, sea funcionario o un particular. Ni es típica la violación culposa directa, ni hay culpa de culpa.

 

Es preciso que aparezca una estrecha conexión entre la culpa del funcionario y el hecho del tercero. Esa conexión debe ser objetiva. No puede hablarse de conexión subjetiva, porque ella descartaría la culpa en el funcionario y el hecho seria entonces dolosa valiéndose el autor de un tercero que actúa también dolosamente.

 

Sustracción o inutilización de objetos en custodia. (art.255)

Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de [setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos].

 

La acción  dolosa del 1° párrafo consiste en sustraer, ocultar, destruir o inutilizar objetos destinados a servir de prueba, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio publico.

Sustraer es quitar la cosa de la esfera de custodia aunque sea momentáneamente

Inutilizar consiste en impedir que los objetos cumplan el fin por el cual fueron puestos en custodia. 

Ocultar es esconder o hacer desaparecer el objeto, de modo que no pueda ser encontrado o tenido a disposición en el momento en que debe ser utilizado.

El hecho se consuma con la sustracción, ocultación, destrucción o inutilizaron, sin que se requiera resultado o consecuencia alguna, pues lo típico es quitar las cosas de la custodia en que se encuentran. Es posible tentativa.

Objeto material de la acción son los objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y los registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio publico. La palabra objetos es amplia y comprensiva. Lo que aquí importa y debe haber determinado la custodia es que estén destinados a servir de prueba.

 

Cuando se trata de documentos, es preciso no perder de vista los supuestos del art. 173, inc. 8 y 294. Por el 1° se castiga a que cometa defraudación sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. En el 2° se prevé la supresión o destrucción de un documento de modo que puede resultar perjuicio.

Presupuesto de la acción es que los objetos, registros o documentos sean confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en interés del servicio publico.

Autor de este delito en su forma dolosa puede ser cualquiera. Si el culpable es el mismo depositario, funcionario o particular, le es aplicable además de la pena privativa de libertad, inhabilitación especial por doble tiempo. El delito solo puede ser cometido por el depositario.

 

El dolo en las figuras del 1° apartado se satisface con el conocimiento de la situación y destino de la cosa o la característica de registro o documento y la voluntad de quebrar la custodia. No es preciso que concurra animo especifico alguno. Por el contrario, la concurrencia del animus rem sibi habendi podría, en ciertas condiciones, hacer inaplicable esta disposición.

 

La figura culposa presenta la misma estructura que la correspondiente de la violación de sellos, consistente en la conexión objetiva entre la culpa del depositario y la ccion dolosa de un 3°.

Autor del hecho culposo puede ser únicamente el depositario, funcionario o particular, según lo admite la posibilidad de la entrega en custodia en el 1° párrafo del art. La pena es únicamente de multa. Cuando se trata de un empleado o funcionario publico y el hecho suponga incompetencia en el desempeño del cargo, podrá aplicarse la inhabilitación especial que prescribe el art. 20 bis.

 

5. El cohecho

La figura básica del cohecho pasivo. (art. 256)

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o reclusión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, o para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

 

La acción consiste en recibir dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta.

Son dos las modalidades de la acción:  recibir dinero o cualquier otra dádiva; aceptar una promesa. En ambos casos, para que el funcionario haga algo relativo a sus funciones o para que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones o para que haga valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario publico, a fin de que este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

 

Cuando se trata de recibir dinero o cualquier otra dádiva, sin que haya mediado ofrecimiento anterior, el delito se consuma en el momento de la recepción. Si ha mediado promesa de hecho queda ya perfeccionado al aceptarla, con prescindencia de lo que lo prometido se cumpla o no. Cuando actúa una persona interpuesta: se consuma en el momento de recibir esta dádiva o aceptar la promesa. En este supuesto, se requiere que el tercero actúe con conocimiento y consentimiento del funcionario.

 

Lo que se recibe es dinero o cualquier otra dádiva, y lo que se acepta es una promesa.

Dádiva  para unos, debe consistir en algo con significado económico, que mejore el patrimonio o libere de una carga, en tanto que para otros comprende cualquier beneficio, provecho o utilidad, con o sin valor económico.

La dádiva puede ser de cualquier naturaleza, siempre que signifique un beneficio para el funcionario.

Autor de cohecho debe ser un funcionario publico, entendido en los términos del art. 77 del C.P.

Se trata de un delito con codelincuencia necesaria cuando resulta del cohecho pasivo

 

La exigencia de la codelincuencia corresponde únicamente al cohecho pasivo, pues para el cohecho activo, basta con que el autor ofrezca para que el hecho se perfeccione, sin necesidad de que haya otra persona que delinca. Lo dicho en nada obsta a que cada uno de los autores necesariamente tenga a su vez participes. Cualquier forma de participación es posible.

El cohecho es un delito doloso, y el dolo comprende la conciencia y voluntad de recibir la dádiva como retribución ilícita por un acto del cargo.

La pena es prisión de 6 meses a 2 años o reclusión de 2 a 6 años de inhabilitación absoluta por 3 a 10 años.

 

Cohecho pasivo de los jueces (art. 257)

Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que aceptare promesa o dádiva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

Lo especifico de esta figura esta dado por la condición de autor y por la naturaleza del hecho que es objeto del trato corrupto.

Autor del cohecho agravado puede ser únicamente un juez cualquiera sea su competencia.

 

El juez acepta promesa o dádiva para dictar o demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

Los términos dictar u omitir se corresponden con el hacer o dejar de hacer de la figura básica.

La ley en este art. se refiere expresamente a la demora, que es un modo de dejar de hacer temporariamente.

Debe tratarse de una resolución o fallo. Resolución es procesalmente una expresión genérica que comprende cualquiera que afecte a las partes, sea definitiva o interlocutoria, auto o decreto.

La decisión puede ser justo o injusta, eso no esta aquí en cuestión. Cuando el hecho importa al mismo tiempo un prevaricado, ambos delitos concurren formalmente.

 

Cohecho activo (art. 258)

Será reprimido con prisión de seis meses a seis años, el que directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público, en procura de la conducta reprimida por el artículo 256. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

Cohecho activo es independiente de la del pasivo, en el sentido de que no se trata de 2 acciones absolutamente coincidentes que son siempre constitutivas de un mismo hecho en el que intervienen 2 personas, cada una en su papel.

Para el cohechante la acción consiste en dar u ofrecer dádiva a un funcionario publico o a un juez. No puede decirse que esta conducta guarda perfecto paralelismo con la del cohecho activo, pues el delito se consuma, cuando se trata de ofrecer, en el momento del ofrecimiento, sin  necesidad de captación por parte del funcionario, en tanto que este ultimo es lo que perfecciona el delito de los art. 256 y 257.

No hay aquí codelincuencia necesaria como en el cohecho pasivo.

 

Lo que se persigue con el ofrecimiento o entrega de la dádiva es que el funcionario cumpla la conducta reprimida por el art. 256, es decir, que haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones o que haga valer la influencia derivada de su cargo para que otro funcionario haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Cuando se trata de un juez, para que dicte, demore u omita una resolución o fallo en asunto sometido a su competencia. Con respecto a la naturaleza de estos actos, nos remitimos a lo dicho al ocuparnos del cohecho pasivo.

 

Autor de este delito puede ser cualquiera, inclusive un funcionario publico. La dádiva puede ser dada u ofrecida directa o indirectamente. La figura del cohecho activo coordina la del pasivo, y puede haber mas de 1 persona interpuesta. También el cohecho activo en si admite cualquier forma de participación conforma con los principios generales.

El cohecho es un delito doloso, y la dádiva ha de haber sido dada u ofrecida para que el funcionario o el juez cumplan en un acto posterior las conductas típicas previstas, respectivamente, en los art. 256 y 257

 

La aceptación y el ofrecimiento de dádivas en consideración al oficio. (art. 259)

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

 

La acción del primer párrafo consiste en admitir dádivas que son presentadas al funcionario en razón de su oficio.

Admitir equivale a aceptar.

El delito se consuma al admitir la dádiva.

No es imaginable la tentativa.

Sujeto activo del delito debe ser funcionario publico mientras permanezca en el ejercicio de su cargo. El hecho es doloso.

 

La acción prevista en el segundo párrafo del art. 259 consiste en presentar u ofrecer una dádiva a un funcionario publico en consideración a su oficio.

Presentar quiere decir poner a disposición

Ofrecer es proponer, dar

El delito se consuma con el acto de presentar u ofrecer la dádiva, con prescindencia de que sea aceptada o no. El hecho se perfecciona en momentos distintos cuando se trata de la acción de admitir y la de presentar u ofrecer la dádiva. En este aspecto los tipos guardan paralelismo con los del cohecho activo y pasivo.

Sujeto pasivo de este delito puede ser cualquiera, inclusive un funcionario publico, si bien se prevé para el caso inhabilitación, y no parece que el hecho caiga dentro de ninguno de los supuestos del art. 20 bis. El delito es doloso.

 

6. Malversación de caudales públicos

Objetos material. Caudales o efectos públicos y bienes equiparados.

Bienes públicos.

El termino caudales es entendido por nuestra doctrina en un sentido que comprende toda clase de bienes.

Los caudales y efectos deben ser públicos, ya sean pertenecientes a la Nación, las pcia. o los municipios.

 

Según el punto de vista de la tesis del riesgo, fondos públicos son los del fisco nacional, pcial. o municipal, en cuanto no están afectados a empresas de tipo comercial, como ocurre con ciertas instituciones autarquías.

Cuando el estado emplea sus fondos en actividades de tipo financiero, asume las responsabilidades propias de ellas, y seria absurdo que dispusiera, al mismo tiempo, de las ventajas de la libre empresa y las garantías de los actos de autoridad. La malversación supone un capa protectora mayor para los bienes del fisco, que no parece justo mantener cuando se ha dado a los fondos el destino señalado.

Bienes comprendidos por el art. 263

Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

 Lo que aquí se equipara son los bienes, en razón del interés de que sean objeto de mayor protección por su pertenencia y destino o por la situación en que se encuentran, y en relación con ello, la función asignada a su autor.

 

La disposición se refiere a los administrados y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente. Cualquier otro administrador o depositario queda sometidos a las disposiciones del titulo de los delitos contra la propiedad. Requisito indispensable para que pueda cometerse es que tanto el acto del embargo, secuestro o deposito, como la designación de administrador o depositario tanga plena validez. No se requiere condición particular alguna en el autor, que puede ser el propio dueño.

El delito tendrá como requisito en los casos de los administradores o depositarios el previo conocimiento consentimiento del interesado.

 

El autor y la relación funcional con los bienes

Los tipos de malversación, limitan la condición del posible sujeto pasivo a los funcionarios que por la naturaleza de su cargo están legalmente facultados para administrara, percibir o custodiar bienes públicos.

La relación funcional aparece claramente indicada en el art. 261, al señalarse que los caudales o efectos deben haber sido confiados al funcionario por razón de su cargo. Se trata de funcionario que tiene competencia para ello, a quien corresponde legalmente el manejo, percepción, administración o custodia de bienes.

 

Destino indebido de fondos públicos. (Art. 260)

Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

 

La acción consiste en dar una aplicación diferente de aquella a que están destinados los caudales o efectos que administra el funcionario publico. La acción propiamente dicha es la misma para el 1° y el 2° párrafo. En este se agrega un resultado: daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados los fondos. Se trata de un cambio de destino que los fondos tienen fijados, sin lucro ni fin de lucro para el autor o para un tercero.

El destino que se da a los fondos debe ser publico.

 

En el supuesto del 1° párrafo el hecho queda consumado con el empleo o inversión de los fondos. Es un delito de peligro. La modalidad agravada del 2° párrafo se perfecciona al causarse daño o entorpecimiento del servicio al que los fondos estuvieren destinados.

El daño a que la ley se refiere no es preciso que sea de apreciación económica: es suficiente pensar que esta equiparado a él el entorpecimiento del servicio.

Presupuesto de esta malversación es que los fondos tengan asignado destino. El destino puede, pues, ser establecido por ley, decreto, ordenanza o resolución de autoridad competente.

No existiendo imputación especifica, la preferencia queda librada a la apreciación del funcionario y falta el presupuesto para la malversación.

 

En lo que se refiere al significado de los términos caudales o efectos, lo mismo que la relación funcional impuesta específicamente en el caso por la indicación de que debe tratarse de bienes que el funcionario administre.

Autor de este delito debe ser un funcionario o empleado publico o alguna de las personas equiparadas para el art. 263 a los fines de este delito y de los art. 261 y 262. Para que se trate de la figura que nos ocupa, el autor debe tener cierta facultad dispositiva sobre los fondos.

 

El hecho es doloso. La forma culposa prevista en el art. 262 solo alcanza al funcionario que por negligencia haya dado ocasión a que se cometa el peculado del art. 261. El dolo debe abarcar el conocimiento de que los bienes tienen asignada una imputación concreta

 

El peculado. (Art. 261)

Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

 

La acción consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración, recepción o custodia la haya sido confiada al funcionario publico por razones de su cargo.

Se trata de un delito instantáneo de resultado material consistente en la causación de una lesión patrimonial, que no es preciso que sea definitiva. El delito queda perfeccionado al causarse el perjuicio.

Creemos que la tentativa es posible.

Al definir el peculado en el art. 261, la ley se refiere a la sustracción de caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia la haya sido confiada al autor por razón de su cargo.

Administrar supone disponer y, en cierto caso también destinar los bienes que son objeto material del peculado.

Percepción es la facultad de recibir bienes para la administración publica.

La custodia es el cuidado y vigilancia de las caudales o efectos.

Autor de peculado puede ser un funcionario publico en la relación funcional que antes se señalo o que administre o custodie bienes que se encuentran en alguna de las situaciones previstas en el art. 263, aunque pertenezcan a particulares.

 

El delito del 1° párrafo del art. 261 es doloso. No se requiere animo alguno especifico; es suficiente el conocimiento de que se actúa como funcionario y de que los bienes de que se trata, que pertenecen a la administración publica, le han sido confiados a alguno de los títulos que la norma indica, y la voluntad de sustraer. Basta el dolo condicionado. El error sobre alguno de los puntos de conocimiento señalados cambia el titulo delictivo.

 

Aprovechamiento por funcionarios de trabajos o servicios públicos.

El segundo párrafo del art. 261 determina la misma pena del 1° párrafo para el  funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

La acción consiste en emplear en provecho propio trabajos o servicios pagados por una administración publica.

Emplear quiere decir ocupar o negar. Y lo que se emplea son trabajos o servicios.

Trabajo  hace referencia a mano de obra.

 

Servicios  se corresponde con la actividad que se cumple, manual o intelectualmente, siempre que no este determinada por la sola construcción de algo. Los servicios pueden ofrecer múltiples matices, que van desde el domestico hasta el de los profesionales y técnicos, y dentro de eses actividades pueden ser encomendados trabajos.

El hecho se consuma con el aprovechamiento, sin necesidades de que se produzcan otro perjuicio que la distracción de esos trabajos o servicios.

 

La exigencia de que los servicios o trabajos sean pagados por una administración publica, es lo que da el matiz característico de este delito.

No es indispensable que las personas que se emplean sean funcionarios o empleados públicos; lo típico es quien los paga.

Autor de este delito debe ser un funcionario publico. Los servicios o trabajos pueden ser empleados en provecho propio o de tercero. Pero el que los emplea es siempre el funcionario. Y esta es la acción. El tercero debe ser ajeno a la administración publica.

No es necesario que el autor sea quien debe pagar, ni que las personas cuyos trabajos o servicios se emplean están en relación de dependencia jerárquica con él.

 

La participación es posible y se rige por los principios generales, con las modalidades que caracterizan a los delitos de los funcionarios públicos.

La culpabilidad. Es un hecho doloso. El dolo debe abarcar el conocimiento de que los servicios o trabajos son pagados por una administración publica y que los mismos los utiliza el funcionario en su beneficio o en el de un tercero que no tiene derecho a ellos. Al tiempo que esos conocimientos llevan implícita la conciencia de que se obtiene o persigue un provecho, el error sobre cualquiera de los aspectos señalados excluye el dolo. No es indispensable que el provecho constituya una ventaja de carácter patrimonial.

 

La figura culposa. (Art. 262)

Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

 

Autor culposo de peculado es el funcionario negligente, condición que no alcanza al 3°, pues este actúa dolosamente y no siendo un funcionario o no estando en relación funcional con los bienes, cometerá un delito contra la propiedad, que será uno u otro según las circunstancias. El autor debe estar en reacción funcional con los bienes que son objeto de la sustracción, en la misma medida que para el peculado.

 

La conducta del 3° es dolosa.: lo que se prevé es la sustracción de caudales o efectos de que trata el art. 261. La connivencia con el autor, elimina la posibilidad de culpa, de modo que este pasa a ser autor de peculado doloso, y el tercero cómplice primario, de acuerdo con los principios generales.

La pena revista es únicamente de multa, la que no tiene limite, pues se fija entre el 20 y el 60% del valor sustraído.

 

Demora en el pago y negativa a entregar bienes. (art. 264)

Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses, el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

 

El delito del primer párrafo es denominado por la doctrina demora injustificada de pago.

La acción consiste en demorar un pago ordinario o decretado por autoridad competente. Se trata de una demora, lo cual no puede ir mas allá de una desobediencia. Si la demora respondiera al cambio de destino publico de los fondos o a sus sustracciones por el funcionario que los administra, custodia o percibe por razón de su cargo, serán aplicables las previsiones de la malversación o el peculado, de los cuales la demora en el pago solo será una consecuencia.

 

El hecho se consuma con la demora. No se necesita mas, pues es ese el verbo que define la acción. El tipo se configura con una omisión. El requerimiento del 2°párrafo, no tiene aplicación a la figura del 1°.

La demora debe ser justificada, luego de señalar que el autor debe tener fondos expeditos, lo que constituye un presupuesto del delito. La demora puede ser justificada por motivos distintos a la falta de fondos.

Fondos expeditos son fondos suficientes disponibles y destinados a los pagos que el autor demora

Naturalmente, si existe justificación, no puede pensarse en un hecho ilícito.

Objeto de la demora son los pagos ordinarios o los decretados por autoridad competente. Son ordinarios o los decretados por autoridad competente.

Son ordinarios los que la administración publica hace habitual y periódicamente, que no son motivo de una decisión especial e cada caso, como por ejemplo, los sueldos.

Pagos decretados son los que dispone una resolución especial, como puede ser la cancelación de una factura de un proveedor del estado o la orden de pago dispuesta en juicio.

 

La demora puede consistir tanto en no dar la orden de pagar, como en no efectuar el pago ordenado.

Autor es el funcionario publico que tiene a su cargo efectuar los pagos. En el caso de que el pago requiera la intervención de mas de un funcionario, podrá ser autor todos los que son causantes de la demora. Si solo es atribuible a uno o algunos, para los demás el hecho es  atípico.

La previsión de la segunda figura del art. 264 consiste en rehusarse a entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo la custodia o administración del autor.

Autor es el funcionario publico que ha sido puesto en la tenencia o disposición material de los bienes a alguno de los títulos que indica la ley: deposito, custodia o administración.

 

La acción consiste en rehusar la entrega. El tipo se limita a esa conducta y el delito se consuma con la negativa. No se requiere provecho del autor, ni daño para la administración distinta de la perturbación del servicio que el hecho puede causar. Es una autentica desobediencia.

 

Es presupuesto de acción típica de rehusar entregar, que el funcionario haya sido requerido por la autoridad competente. Este requisito es siempre necesario en la forma que administrativamente corresponde. Por lo demás, aunque la aclaración pueda resultar sobrada, debe partir de autoridad competente, según la indica la disposición.

 

Subjetivamente el hecho es doloso, y el dolo comprende el conocimiento de la obligación de entregar y de la existencia del requerimiento valido. No se señala ningún anima especial: en cambio debe excluirse el de apropiación.

 

7. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones Publicas.

El bien jurídico tutelado es la adm. publica, y especialmente la lealtad de los funcionarios y empleados del estado, expuesta a través de su prescindencia e imparcialidad.

 

La previsión legal. (art. 265)

Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable contadores particulares respecto a los peritos y de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación hubieren intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

 

Autor de este delito debe ser un funcionario o empleado publico en los términos del art. 77. Puede pertenecer a la adm. Nac. Pcial. o municipal y a cualquiera de los 3 poderes.

La actividad puede ser cumplida por persona interpuesta; esto será lo mas frecuente. Pero autor es el funcionario. La ley dice: el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado. Aunque doctrinariamente se ha puesto en cuestión la punibilidad del intermediario creemos que en el dcho. Argentino es punible de acuerdo con los ppios. grales. de la participación, si obra con dolo naturalmente. Por lo común, habrá prestado una cooperación sin la cual el hecho no habría podido cometerse. En cuanto al acto simulado, es aquel que contiene una dirección deliberadamente discordante de la voluntad real, a fin de producir la simple apariencia de un negocio jurídico o de ocultar mediante el negocio aparente aquel efectivamente querido.

 

El segundo párrafo del art. 265, se extiende los efectos de la disposición a los peritos y contadores respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervenido y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

La previsión resulta así aplicable a los peritos y contadores solo respecto de los bienes cuya tasación o adjudicación les hubiera sido encomendada particularmente.

La intervención interesada del contador y del perito ha de ser posterior a la tasación, participación o adjudicación, ya que el verbo intervenir esta utilizado en pretérito.

Con respecto a los tutores, curadores, albaceas y síndicos, han de serlo en los términos de la ley civil o comercial.

No parece dudoso que también en los supuestos de este segundo párrafo que comentamos, el hecho puede cometerse por persona interpuesta, en cuyo caso la actuación delegada del perito o contador puede ser simultanea a la participación, tasación o adjudicación.

 

La acción consiste en interesarse en un contrato u operación n que el autor intervenga por razón de su cargo. El verbo interesarse con el que se define la conducta típica, tiene generalmente mas de 1 sentido: se interesa en un contrato u operación quien pide que se resuelva con rapidez.

 

El interés debe ser económico. En este sentido son significativos los antecedentes de la norma que fijaban pena de multa cuyo monto era proporcional a valor de la parte que el autor hubiese tomado en el negocio. A ello debe agregarse la denominación del capitulo, en la que se emplea la palabra “negociación”.

El delito se consuma al interesarse, al momento que puede prolongarse en el tiempo con las características de los delitos permanentes. Carece de significado que el fin perseguido se logre a no. La doctrina ha señalado a este delito el carácter de formal. No es posible la tentativa.

El acto objeto del interés del funcionario ha de ser un acto propio de la adm. publica. De modo que debe ser en sí mismo un acto ilícito.

 

Subjetivamente la negociación incompatible es dolosa. De modo que el error y la ignorancia esenciales, aun culpable, excluyen la aplicación del art.265. Debe mediar un móvil económico.

El dolo no tiene porque abarcar un perjuicio a la adm. publica, que el delito tampoco tiene porque causar o perseguir. El móvil de lucro es perfectamente posible sin perjuicio para nadie. Quien obtiene un contrato de suministro a precios ventajosos para la adm. que los favorecidos por cualquier otro proveedor, no causa perjuicio alguno, en tanto obtiene el normal beneficio de la operación.

 

Las exacciones ilegales

Exacción significa el hecho de exigir, con aplicación a impuestos, prestaciones, multas o deudas. En las exacciones, la entrega se hace con voluntad constreñida por el temor.

Concusión es la exacción arbitraria hecha por un funcionario publico en provecho propio. A esos significados responden, en términos generales, las disposiciones del código.

 

La característica más peculiar y distintiva de las exacciones radica en la exigencia de lo que indebidamente se recibe. Esto en lo que hace a la diferencia con otros delitos de los funcionarios públicos, especialmente con el cohecho.

En las exacciones el autor debe ser, efectivamente un funcionario publico.

En las exacciones el funcionario abusa de su cargo como medio de coacción.

La jurisprudencia ha entendido que se comete exacción toda vez que el autor, abusando de su autoridad e invocando su condición de funcionario, exige para si sumas de dinero.

 

Las exacciones. (art. 266)

Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

 

La acción consiste en exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución, un derecho o una dádiva o en cobrar mayores derechos que los que corresponden.

El hecho puede ser cometido por cualquier medio, excepción hecha de aquellos que cualifican el delito y que están previstos en el art. 267, a saber: empleando intimación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legitima.

 

El hecho se consuma con la exigencia, sin que sea necesario que la entrega se logre.

El delito se consuma al exigir.

Exigir es una de sus acepciones, significa demandar imperiosamente.

Objeto material de la exacción debe ser una contribución, un derecho o una dádiva o mayores derechos de los que corresponden.

 

La inclusión de dádiva en el art. 266 ha dado motivo a mas de una interpretación. Soler piensa que no debe descartarse la posibilidad de que un funcionario exija la contribución o la dádiva indebida y que efectivamente la invierta en el servicio publico, único caso que es aplicable el art. 266.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el art. 266 no usa el termino exacciones, sino que solo menciona las diversas exigencias según se trate de contribuciones, derechos.

Autor de estos delitos debe ser un funcionario publico que exige o hace pagar o se entrega a la actividad funcional.

 

La condición de autor no se satisface cuando solo se invoca o simula un función o cargo publico.

La norma del art. 266 admite expresamente que el funcionario pueda actuar por si o por persona interpuesta. Este ultimo tiene el carácter de participe.

 Subjetivamente el hecho es doloso. El funcionario ha de actuar abusando de su cargo y, prevaleciéndose de ello, requerir algo a lo que no tiene derecho, sea para beneficiar al estado, cuando se trata de una contribución o de un derecho, sea para si mismo cuando exige una dádiva.

El adverbio indebidamente, empleado en el tipo, traduce aquí en la exigencia subjetiva de que el autor sepa que lo que reclama no se debe.

Están excluidas las formas culposa.

 

Las modalidades cualificadas. (art. 267)

Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, podrá elevarse la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis años.

 

La acción consiste en exigir o hacer pagar o entregar una contribución, un derecho o una dádiva o en cobrar mayores derechos de los que correspondían empleando para ello intimidación o invocando orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legitima.

La exigencia de la legitimidad debe entenderse en el sentido de que la orden, comisión, etc. sean invocados como tales, ya que de serlo realmente no habría posibilidad de hacer pagar o entregar antijurídicamente.

Estas modalidades de las exacciones agregan a su ejecución un medio que esta a lo menos tan próximo al engaño como la intimidación.

 

La concusión. (art. 268)

Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

La acción es compleja: la norma da por cumplido el tipo del articulo 266 y 267, es decir, exigir, hacer pagar o entregar indebidamente una contribución o una dádiva o cobrar mayores derechos de los que corresponden. A ello agrega el art. 268, como acción especifica, que el autor convierta la exacción en provecho propio o de tercero. Con respecto a la primera parte de la conducta punible.

 

El  hecho se consuma en el momento de disponer el autor de lo obtenido o en el de no ingresado a las arcas fiscales, si hay un termino para ello. Se trata, en realidad, de algo que se refiere o es objeto de apropiación, de modo que en momento determinante también puede motivar la necesidad de una intimación.

 

Autor de este delito es el funcionario publico que ejecuto la exacción. Si su apropiación fuere cometida por una persona distinta el hecho podrá configurar otro delito, pero no concusión, puesto que faltaría de parte del tercero la exigencia a nombre del estado que caracteriza el delito inicial y no podría hablarse para el de convertir.

La exacción puede convertirse en provecho propio o de un tercero, pero autor es el funcionario. Es posible la participación.

Subjetivamente, la concusión es un delito doloso, bastando la conducta y la voluntad de convertir el objeto de la exacción en provecho propio o de 3°.

 

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados

Utilización de informaciones oficiales reservadas con fines de lucro (art. 268 (1))

268/1. Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

El autor. Exigencia de esta figura es el carácter de funcionario publico como condición

objetiva del autor.

Cualquier funcionario publico puede ser sujeto activo.

El autor debe participar del ejercicio de sus funciones tanto al tiempo de tomar conocimiento, como al de utilizarlo.

 

La ley tiene por autor solo al funcionario publico aunque la acción material halla sido ejecutada por otro que no tenga tal carácter. Esta 2° persona puede ser un instrumento, consiente o no del funcionario pero este es el único que puede llegar al conocimiento de la utilización de los datos en forma típica.

La acción consiste, en utilizar para si o para uno 3°, informaciones o datos de carácter reservados de los que haya tomado conocimiento en razón del cargo. El núcleo del tipo consiste aquí en utilizar, es decir, en obtener un provecho del uso de algo.

Son operaciones que, consideradas con independencia del conocimiento funcional, tienen toda la apariencia de un hecho licito.

No se trata de haber obtenido una contraprestación “por la noticia”, sino por haberla usado para lograr un beneficio.

 

El delito se consuma al utilizar el dato o informe con fines de lucro. No se requiere consecuencia o resultado alguno. Menos aun perjuicio económico para la adm. publica, que lo común será que no se cause. Es viable la tentativa.

Objetivo material del conocimiento obtenido y utilizado, debe ser un informe o dato de carácter reservado.

El dato o informe debe ser de carácter reservado, es decir, de aquellos cuya comunicación, a personas ajenas al ámbito funcional que los posee esta prohibida.

Subjetivamente el delito 268 (1) es doloso. La norma señala un elemento subjetivo especifico que debe acompañar al dolo: el fin de lucro. Es el animo que inspira la acción. Eso es lo típico; que se obtenga o no beneficio cae fuera del tipo.

 

Enriquecimiento ilícito. (art. 268 (2)).

268/2. Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta, a su pedido, y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

La  acción. Lo que la ley castiga es el hecho de enriquecerse ilícitamente, aunque el no justificar ese enriquecimiento sea una condición de punibilidad.

El delito se consuma, pues, con el enriquecimiento. La tentativa no resulta punible puesto que nada hay que justificar.

El enriquecimiento patrimonial puede consistir en un aumento del activo o en una disminución del pasivo y ha de haber tenido lugar durante el tiempo en que se desempeño la función publica: posterior a la asunción de un cargo publico.

El funcionario o ex funcionario debe ser debidamente requerido para que justifique la procedencia (licita) de la enriquecimiento suyo o de persona interpuesta para disimularlo. La ley no dice de quien debe partir el requerimiento.

La prueba de que el requerido se valga para justificar la licitud de la procedencia del acrecentamiento patrimonial, puede ser de cualquier naturaleza; la ley  no contiene limitaciones.

Sujeto activo de este delito puede ser únicamente el funcionario o empleado publico mientras que pertenece en el cargo. La persona interpuesta es un participe amenazado con pena sensiblemente menor. El requerimiento puede ser formulado luego de que el funcionario hace cesado en su cargo.

El hecho es doloso tanto para el funcionario como para el personero y debe abarcar el conocimiento del origen ilícito  de aquello que constituye el enriquecimiento.

 

8. El prevaricato

Se trata de hechos contrarios a la adm. publica y , especialmente, a la adm. de justicia. Aunque estos delito lesionen, generalmente, intereses particulares, el daño que

experimenta la adm. es el que prevalece para establecer la objetividad jurídica del hecho.

 

El prevaricato del los jueces y personas equiparadas (art. 269)

Sufrirá multa de [tres mil a setenta y cinco mil pesos] e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

 

La acción descripta en el 1° parr. del art. 269 consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez o en citar para fundar una resolución hecho o resoluciones falsas.

Son dos formas de delito, que responden respectivamente a las modalidades del llamado prevaricato de derecho y prevaricato de hecho. En ambos supuestos la acción propiamente dicha consiste en dictar resoluciones. En un caso son contrarias a la ley expresa invocada; en el otro se funda en hechos y resoluciones falsas.

La invocación o la cita debe ser hecha en una resolución: es decir, en ejercicio de la función especifica de administrar justicia.

 

Toda resolución judicial en la que se decida sobre una cuestión sometida a juicio es susceptible de prevaricato. Quedan excluidas las decisiones tomadas en función de superintendencia, con las cuales eventualmente podrá cometer el juez abuso de autoridad. El art. requiere, en su primera modalidad que la resolución sea contraria a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo juez.

La segunda modalidad del prevaricato es la de hecho, consistente en citar hechos o resoluciones falsas.

 

Debe mediar una relación entre el hecho o resoluciones falsas citada y el modo de decidirse el asunto sometido a conocimiento del juez.

Es un delito instantáneo que se consuma en el momento de dictarse la resolución, con independencia de que se cause daño o de que sea susceptible de recurso. La revocatoria en una instancia superior nada significa para la configuración del delito. No parece imaginable la tentativa.

 

El aspecto subjetivo requiere una consideración especial en esta figura. El prevaricato es un delito doloso. Ese dolo esta constituido, no solamente por el conocimiento que tiene el juez de los hechos sometidos a su decisión, si no, también, por sus propios conocimientos y la voluntad de obrar en contra de ellos.

 

Entre el error o la negligencia y el dolo, hay en el prevaricato una serie de matices intermedios. El primero de esos matices esta dado por la interpretación que el juez debe hacer de la ley para aplicarla al caso concreto. Todo aquello que caiga dentro de los limites de la interpretación esta forma esta fuera de la figura del prevaricato.

 

El delito se comete cuando el juez sabe que resuelve en contra de la ley.

En cuanto al prevaricato de hecho, debe entenderse que el juez invoca hechos falsos cuando ellos no existen o, mas exactamente, cuando no aparecen constando en los autos que resuelve.

Falso es invocar un secuestro que no se ha hecho, declarar que un recurso ha sido interpuesto fuera del termino, cuando lo fue en tiempo, y cosas semejantes.

 

Las resoluciones falsas ha de tener vinculación con la causa y con lo que en ella se decida.

El segundo párrafo del art. 269 prevé el caso de que la sentencia prevaricante sea condenatoria en causa criminal. La pena es privativa de libertad y la escala penal severa: de 3 a 15 años de reclusión o prisión. La pena conjunta de inhabilitacion es, lo mismo que para el 1° parr. absoluta y perpetua.

Causa criminal comprende también los juicios correccionales. Debe tratase de sentencia condenatoria

La sentencia absolutoria en causa criminal solo es apta para configurar la forma simple del prevaricato prevista en el 1° parr. del art. 269.

 

El tercero y ultimo parr. del art. 269 declara aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores lo dispuesto en el parr. 1° de es art. La remisión únicamente del 1° parr. se explica por que las personas enunciadas no pueden dictar sentencia en causa criminal.

 

Prisión preventiva ilegal (art. 270)

Será reprimido con multa de [dos mil quinientos a treinta mil pesos] e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

 

La acción consiste en decretar prisión preventiva por delito en virtud de cual no procede o en prolongar la prisión preventiva que es procedente, por mas tiempo que el que corresponde a la pena max. fijada para el delito, de acuerdo con el computo determinado en el art. 24 del C.P.

Cuando se trata de la prisión preventiva por delito por el cual no procede, no basta con la decisión que contiene el pronunciamiento, el cual puede ser dictado a otros efectos, sino que es preciso que tenga lugar la efectiva detención.

El hecho se consuma al hacerse efectiva la detención o en el momento en que el termino de la prisión preventiva sobrepase el max. de la escala penal amenazada para el delito de que se trata. El resultado dañoso es aquí indispensable.

El aspecto subjetivo presenta un problema de interés. Parte de nuestra doctrina lo considera un delito doloso.

Si fuera dolosa, debiera ser sancionada con una escala penal mayor que la que corresponde al prevaricato simple y menor que la determinada para los casos de condena en causa criminal, puesto que decretar una prisión preventiva ilegal es mas grave que las formas de prevaricato simple, pero indudablemente menos grave que una condena en juicio penal.

Por otra parte los delitos de privación de libertad simple y abuso de libertad, hechos ambos que quedarían comprendidos en esta modalidad de prevaricato, de ser dolosos, están amenazados con pena privativa de libertad, mientras la norma determina solamente multa.

 

Autor de este delito solo puede ser un juez competente en materia penal o correccional.

El prevaricato de los auxiliares de la justicia (art. 271)

Será reprimido con multa de [dos mil quinientos a treinta mil pesos] e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

La acción consiste en defender o representar partes contrarias en el mismo juicio o en perjudicar, de cualquier modo,  la causa que se ha confiado al abogado o mandatario judicial.

Quedan comprendidos los juicios de cualquier fuero y la actuación puede ser simultanea o sucesiva. Están excluidos los abogados que hallan sido consultados por ambas partes, al margen de la actuación judicial.

El hecho se consuma en el momento de causarse un perjuicio. Se trata de un delito material.

Sujeto activo pueden ser los abogados y mandatarios que actúan en juicio. La actuación puede tener lugar en forma ostensible o encubierta por una tercera persona.

 

9. Denegación y retardo de justicia

Denegación y retardo de justicia (art. 273)

Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.

 

La denegación de justicia. El primer párrafo del art. 273 reprime con inhabilitación absoluta de 1 a 4 años al juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

Sujeto de este delito debe ser un juez, comprendiendo también a los magistrados de todas las instancias y de los tribunales unipersonales o colegiados.

La acción consiste en negarse a juzgar. Y esa negativa ha de pretextar oscuridad insuficiencia o silencio de la ley.

La acción no consiste en no juzgar, sino en negarse a hacerlo.

El hecho se consuma con la simple negativa pues queda cumplido el verbo que constituye el núcleo del tipo. No se requiere la causación de perjuicio alguno. La tentativa no es posible.

Subjetivamente la denegación de justicia del 1° parr. de art. 273, es un delito doloso.

El retardo de justicia. El 2° parr. del art.273.

Autor de este delito debe ser un juez.

La acción propiamente dicha consiste en retardar la administración de justicia.

El vencimiento de los términos sin que el juez se pronuncie, por si solo, no configura delito.

Tampoco se satisface el tipo con el requerimiento de las partes, si los términos no están vencidos, pues en tal caso el pedido no obliga al juez.

El hecho se consuma cuando el juez incurre en retardo después de vencidos los términos legales y de haber sido requerido por las partes.

No se requiere la producción de perjuicio alguno. No es posible la tentativa.

El hecho es doloso y el retardo debe haber sido malicioso.

Incumplimiento del deber de persecución y represión de delincuentes. (art. 274)

El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

Se trata de un delito de omisión. La acción consiste en no promover la persecución y represión de delincuentes, cuando el cargo impone esa obligación.

El delito queda consumado con la omisión, independiente de los resultados (la no obtención del delincuente).

El sujeto activo de este delito puede ser el funcionario publico cuyo deber especifico comprenda la persecución y represión de los delincuentes.

Subjetivamente, el hecho es doloso, sin que la ley contemple ningún elemento especifico. El dolo se llena con el conocimiento de la obligación de orar que resulta del cargo y la voluntad de abstenerse.

El delito no se comete si el funcionario prueba que su omisión provino de un inconveniente insuperable, es innecesario.

 

10. El encubrimiento

Articulo 277.* [Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, algunos de los hechos siguientes:

1. Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo;

2. Procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o a asegurar el producto o el provecho del mismo;

3. Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que sabía provenientes de un delito, o interviniere en su adquisición, recepción u ocultamiento, con fin de lucro. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual la pena se elevará al doble.]

 

Articulo 278.* [El que, con fin de lucro, adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos que de acuerdo con las circunstancias debía sospechar provenientes de un delito, será reprimido con prisión de tres meses a dos años. Si el autor hiciere de ello una actividad habitual, la pena se elevará al doble.]

Articulo 279.* [Están exentos de pena los que hubieren ejecutado un hecho de los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 277 a favor del cónyuge, de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, de un amigo íntimo o de una persona a la que debiesen especial gratitud.

La exención de pena a que se refiere el párrafo anterior no se aplicará al que haya ayudado a asegurar el producto o el provecho del delito o al que haya obrado por precio.]

 

Falso testimonio

Dispone el art. 275: Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

La condición del sujeto activo es elemento del delito de falso testimonio. Pueden ser autores el testigo, perito o interprete.

Testigo  es la persona llamada a declarar según su experiencia personal, acerca de la existencia y naturaleza de u hecho.

 

Testigo puede ser cualquiera, sin mas condición que la de ser persona capaz y no estar alcanzada por la inhabilitaciones legales dispuestas por los códigos de procedimiento. En causa penal no pueden ser llamados como testigos el cónyuge del acusado, sus ascendientes y descendientes, legítimos o naturales legalmente reconocidos; sus hermanos legítimos o naturales igualmente reconocidos, sus afines hasta el segundo grado; los tutores y pupilos, recíprocamente.

Peritos son las personas que poseen especiales conocimientos científicos, artísticos o prácticos.

Interpretes son quienes poseen un idioma y expresan en el nuestro los dichos vertidos en la lengua de la que son interpretes.

La ley coloca a estos sujetos en un pie de igualdad con los testigos.

La acción propiamente dicha en afirmar una falsedad o negar o callar la verdad, en todo o en parte.

 

3 son los modos de cometer falso testimonio:

a)       Afirmar una falsedad

b)       Negar la verdad

c)       Callar la verdad

 

a)       Afirmar una falsedad es la más típica de las acciones del testigo falso y consiste en un hecho positivo.

b)       Quien niega la verdad, también ejecuta un acto positivo, pues negar supone un hacer, como supone, también, que se ha preguntado algo, que es lo que se niega.

c)       El callar la verdad puede constituir un acto puramente negativo, al no decir algo que se sabe.

 

El contenido de la declaración, peritación o informe debe corresponder a hechos o circunstancias que puedan tener efecto o influjo sobre el modo de ser resulta la litis.

La validez de la declaración incide para apreciar la existencia del falso testimonio.

 

Exige 3 elementos:

a)       Que sea completa

b)       Hecha ante juez competente

c)       Realizada con todas las formas requeridas para su validez por la ley procesal.

El falso testimonio se consuma en el momento de quedar concluida la declaración o presentarse el peritaje o informe. El testigo y el interprete puede rectificarse hasta el momento de cerrarse el acto. En cuanto a los perito no se puede decir que hayan incurrido en falsedad en su informe o traducción hasta el momento en que estos han sido presentados a la autoridad competente.

La tentativa es rechazada, pues se trata de un delito de peligro potencial.

 

Las modalidades agravadas. (art. 275 seg. Parr. y 276).

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

 

La norma se refiere al falso testimonio cometido. Se esta refiriendo al delito y no solamente a la falsedad cometida en una deposición testimonial. Están comprendidos también el perito y el interprete.

La falsedad debe tener lugar en una causa criminal y en perjuicio del inculpado.

Causa criminal se entiende cualquiera que persiga la aplicación de una pena.

El art. 276 suma a la pena privativa de la libertad correspondiente al falso testimonio simple o calificado la pena de multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida cuando la declaración del testigo, perito o interprete falso fue prestada mediante cohecho.

 

La materialidad del delito es la misma que la de la figura básica. La única diferencia radica en que la declaración se obtiene mediante cohecho. Esto quiere decir que el testigo, perito o interprete recibe dinero o cualquier otra dádiva apreciable pecuniariamente para declarar con falsedad.

El delito se consuma con la declaración falsa, lo que importa que cuando se soborna al futuro declarante, perito o interprete para que declare o informe una falsedad y la declaración no tiene lugar por circunstancias ajenas a la voluntad del sobornante o testigo, el delito queda en grado de tentativa.

El falso testimonio es un delito doloso. Queda descartada toda conducta culposa no se requiere propósito especifico alguno; ni siquiera el del causar perjuicio; una falsedad afirmada para beneficiar también se configura falso testimonio.

El dolo requiere conocimiento conciencia y voluntad de afirmar lo falso o negar lo verdadero. Quien miente creyendo decir la verdad, no comete falso testimonio, por que subjetivamente no miente.

Tampoco delinque quien dice la verdad creyendo que miente, pero esto por razones objetivas, puesto que falta un elemento del tipo. Cuando se trata de la modalidad agravada, el dolo debe alcanzar el conocimiento de que se actúa en causa criminal y de que la persona en cuyo perjuicio se obra es el inculpado.

La coacción y el error que excluye el dolo, eliminan el delito.

 

Fuente: Alejandra Noillet